Opinión

Por Jaime Martínez Veloz

Con la “Ley Bonilla 2” estamos ante el intento de una nueva fechoría del dúo maligno. Mal inspirados en los malhechores de Ciudad Gótica, “El Joker” y “El Pingüino”, Jaime Bonilla y Amador Rodríguez Lozano ahora pretenden, por la vía de la diputada Monserrat Caballero, modificar la Constitución del Estado de Baja California, para que el próximo período del gobierno se reduzca de seis a tres años, contraviniendo la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitida con motivo de la primera Ley Bonilla, pero resulta que este nuevo intento de reforma a la ley es improcedente.

El gobernador Bonilla y el Congreso del Estado antes de modificar de nuevo y a su conveniencia las reglas del juego electoral para la entidad, primero deben cumplir cabalmente con la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolución que por lo demás ni siquiera ha sido notificada a los actores sociales que participaron en dicho proceso.

La SCJN estableció en la citada resolución, aprobada el 11 de mayo pasado, que la próxima gubernatura debe ser del 2021 al 2027, por lo que esta nueva modificación revela la actitud irresponsable, imprudente y ventajosa del gobernador Bonilla y de su secuaz Rodríguez Lozano.

De concretarse esta nueva modificación, otra vez con la complicidad de la Cámara de Diputados Local, eso se constituiría como un desacato al cumplimiento de sentencia de la Corte y un segundo intento de manipulación de la Constitución, lo cual se considerará una “repetición del acto”, que causará efectos criminales para los legisladores y funcionarios que participen en este nuevo despropósito.

Esto lo saben bien Jaime Bonilla y Amador Rodríguez Lozano, quienes primero filtraron un proyecto de Iniciativa de ley con las firmas del gobernador y del secretario de Gobierno. Sin embargo, al darse cuenta de las implicaciones jurídicas de su atrevimiento negaron ser ellos los autores y le trasladaron la responsabilidad, con todo lo que esto implica, a los diputados.

Para lograr lo anterior convencieron a una diputada local de Morena, para que se preste a ese perverso juego, sin medir las implicaciones y responsabilidades que caerán sobre ella y los diputados que la avalen.

En tanto eso pase, los verdaderos artífices de la patraña, cuya cobardía es del tamaño de su soberbia, se lavarán las manos, diciendo que ellos nada tienen que ver en el asunto y que es un tema de los propios diputados.

Incluso el presidente del Congreso del Estado, si no propone retirar el tema del orden del día y no acata la resolución de la Corte, se verá inmiscuido en los más graves problemas jurídicos, dadas las responsabilidades republicanas que tiene bajo su resguardo.

Quizás la inexperiencia y la ambición de los diputados de Morena, no les permita dimensionar que la acción que pretenden realizar es una majadería a la ciudadanía, un descaro ante la opinión pública, y un desacato a la SCJN, por lo que de seguro estamos ante “la crónica de un nuevo ridículo anunciado”

Esto que en sí es grave, es también una bofetada y un desafío para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes ya detuvieron en forma terminante la pasada confabulación para realizar un fraude a la Constitución al resolver que la ampliación del periodo que se pretendía hacer era una acción anticonstitucional.

Expertos juristas en la materia han expresado públicamente que la SCJN de nueva cuenta rechazará este artilugio marrullero, sacado de los resumideros más putrefactos de la historia negra de los tiempos políticos de antaño, que pensábamos ya habíamos superado.

No somos iguales, dicen y repiten los nuevos mandarines de la política mexicana. Tienen razón: resultaron peores.

Una hipótesis acerca de la urgencia por reducir el período del próximo gobierno estatal, es el temor de Bonilla a perder las próximas elecciones, debido al desgaste de Morena en Baja California, que ha permitido proyectar una alianza electoral de partidos y organizaciones ciudadanas, y también ha venido generando una sinergia social que ya se expresa en las encuestas de verdad, las cuales están en manos de los mandos políticos del gobierno y del partido en el poder, sondeos en donde es claro que la oposición en Baja California ya supera en números a Morena. Eso explica también la persecución e inhabilitación de posibles candidatos a un puesto de elección popular. El miedo no anda en burro, y ya están viendo que la lumbre les está llegando a los aparejos

Existen otras hipótesis, que luego daremos cuenta de ellas.

Pero volviendo al tema que nos ocupa, no debemos olvidar que algunos de los ministros de la SCJN incluso calificaron la acción de los diputados estatales en cuanto a la primera Ley Bonilla como confabulación de intereses para realizar un fraude constitucional.

Ahora se pone en evidencia ese ánimo también del gobernador, pues si antes se deslindaba culpando a los diputados de la anterior legislatura diciendo que él no había tenido nada que ver, ahora en voz de su secretario de Gobierno dice que es necesario modificar la constitución para que el próximo gobierno sea por tres años.

¿No que dos años era muy poco y que no se podía trabajar en un plan de desarrollo para un periodo tan corto?

¿Ahora tres años sí son suficientes?

Es nuestro deber como ciudadanos evitar que se cometa de nuevo otro fraude para intentar darle la vuelta a la sentencia de la Corte, y exigir como sociedad que el Congreso de Baja California sesione y reponga el acto jurídico de toma de protesta haciendo comparecer al gobernador Bonilla para que en acatamiento de los términos de la sentencia proteste el cargo por el periodo que ha sido refrendado por el más Alto Tribunal del País, es decir, del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021.

«Hay un argumento que debería mirarse con lupa, dice en un artículo el día de ayer el escritor Ricardo Raphael, en el periódico El Universal, y es que cuando ocurrió la primera modificación a la Constitución del Estado, para homologar la fecha de las elecciones, se estableció que sería por ´única vez´.”

¿Cuántas “únicas veces” se vale modificar los periodos gubernamentales?

Esta es la pregunta que seguramente habrá de resolver, de nuevo, la SCJN.

Otra pregunta que se tendrá que responder, es:

¿La Dirección Nacional de Morena avalará y acompañará en esta nueva aventura a Jaime Bonilla y sus achichincles?

Baja California, México y el mundo esperan su respuesta. La aldea ya es más global.