Magacín CDMX
Alejandro Lelo de Larrea
Lo que al final se decida en el tema de la fecha de realización de la consulta de revocación de mandato presidencial en la reforma electoral será la base política y jurídica para lo que se tenga que legislar en consecuencia en la carta magna de los estados de la República y por supuesto la Ciudad de México.
En Morena están divididos en este tema. Un bloque tiene consideraciones y escenarios electorales de que es mejor para la presidenta Claudia Sheinbaum que el ejercicio de revocación de mandato no tenga cambios en la Constitución. Es decir, que si cubrieran los requisitos se realizaría en 2028.
Otro sector de Morena cree que eso no le conviene ni a la presidenta, ni al partido, y por eso buscan modificar la Constitución para que la revocación se celebre a la par de las elecciones intermedias, en junio de 2027. En ambos casos, la tendencia es que si se modifica la fecha para la consulta de revocación presidencial, los tiempos del ejercicio deberían empatarse para los gobernadores y jefa de Gobierno de la CDMX.
Legisladores locales y federales me han expresado sus escenarios al respecto. No descartan haya grupos de intereses, poderes fácticos nacionales e incluso internacionales, y hasta gente del movimiento que quiera inmiscuirse en un proceso de revocación de mandato en contra de la presidenta.
Las ventajas de que se realice en 2028 para la presidencial es que hay un margen para encaminar al país por la ruta del crecimiento económico y dar resultados en el combate al crimen organizado. También le serviría para hacer los ajustes necesarios si es que en 2027 perdiera la mayoría en el Congreso y en el resultado global de la elección hubiera más votos a favor de la oposición.
Ven como ventaja que en un ejercicio de revocación de mandato en 2028, por ser aislado de cualquier otra elección, no genera interés en la población y lo más probable es que no se alcanzara el 40% mínimo de participación ciudadana respecto de la Lista Nominal para que el resultado fuera vinculatorio. Con este modelo, la presidenta tendría muy remotas posibilidades de perder la consulta.
En este punto de la revocación en 2028, paradójicamente, hay quienes creen que el principal enemigo de la presidenta podría estar en Palenque y en los “puros” de Morena, si es que para entonces ya se desmarcó de él, rehízo su fuerza política y generó su nuevo pacto de gobernanza. Es decir, los “duritos” del movimiento eventualmente podrían ser sus principales detractores en este escenario.
En un contexto en que la presidenta haya logrado reconstruir sus alianzas de gobierno, le conviene un eventual ejercicio de revocación en 2027, porque así su suerte estará de la mano de Morena y entonces los grupos duritos que podrían eventualmente estar en su contra tendrían que apoyarla, porque lo contrario sería afectarse a sí mismos.
Por tratarse de una elección intermedia y con los antecedentes del 2021 en que la oposición tuvo más votos que la coalición de gobierno, se eleva el riesgo de que pudiera perder el ejercicio de revocación de mandato en 2027. Este escenario catastrófico incluye que sin duda se rebasará el 40% de la participación electoral, lo que haría vinculatorio el resultado de la revocación.
En este punto también hay diferencias entre quienes opinan que dos años son suficientes para que la gente decida si su gobernante debe continuar, y otros creen que debe ser como lo establece actualmente la Constitución, cuando menos la mitad del periodo para el que fueron electos.
En la oposición ya empiezan a verle ventajas a que el ejercicio de revocación se anticipara al 2027, porque su cálculo político es que para entonces los niveles de aceptación real de la presidenta pueden haberse convertido más en un pasivo que en un activo. La tendencia en las encuestas que ellos tienen va en ese camino, no como lo señalan los ejercicios demoscópicos que en general se publican y consideran “muy cuchareados”.
La discusión de la reforma electoral ha sido mediática. Todavía no hay una iniciativa presidencial. Se está construyendo, pero cada día en Palacio ven más costo que beneficio para el régimen hacer modificaciones sustanciales, por lo que siguen pateando el bote, con posibilidades reales de que todo quede en una enmienda sumamente light o que de plano no haya nada. Lo veremos.
