El Gallo Pitagórico II
Quien esto escribe ha recorrido durante más de treinta años las más diversas fuentes informativas en México y el extranjero. Ha cubierto congresos, gobiernos, campañas electorales, conflictos sociales, eventos internacionales y oficinas públicas de toda índole. Y en todo ese tiempo jamás —ni por asomo— le solicitaron, para acreditarse, la cantidad de documentos, datos personales y requisitos administrativos que ahora pretende imponer la nueva burocracia comunicacional del Congreso de la Ciudad de México.
Ni en Los Pinos. Ni en Palacio Nacional. Ni en el Senado. Ni en la Cámara de Diputados. Ni en gobiernos estatales. Ni siquiera en dependencias federales encargadas de la seguridad nacional.
Al parecer, para algunos funcionarios recién llegados, cubrir una sesión legislativa resulta más delicado que ingresar a una instalación estratégica del Estado mexicano.
La pregunta es inevitable: ¿qué problema pretenden resolver?
Porque si un periodista lleva años cubriendo la fuente, publica diariamente, firma sus notas, aparece en medios plenamente identificados y es conocido por legisladores, asesores, funcionarios y colegas, ¿para qué exigir RFC, documentación corporativa, comprobantes y otros datos cuya utilidad nunca fue explicada?
¿Se trata de acreditar periodistas o de iniciar auditorías fiscales?
Más preocupante resulta que varios comunicadores hayan advertido que parte de la información solicitada es sensible y confidencial. Algunos incluso forman parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas debido a agresiones sufridas durante el ejercicio de su labor.
No se trata de una exageración. Es una realidad dolorosa en un país donde ejercer el periodismo sigue siendo una actividad de riesgo.
Y es ahí donde el asunto deja de ser una simple torpeza administrativa para convertirse en una discusión de fondo.
La acreditación de medios no es una concesión del funcionario en turno. Es un mecanismo para facilitar el ejercicio del derecho a la información y garantizar la cobertura de asuntos públicos. El Congreso no pertenece a sus directivos ni a sus áreas administrativas. Pertenece a la ciudadanía.
La transparencia no se fortalece levantando barreras. Se fortalece eliminándolas.
Resulta igualmente revelador que varios periodistas hayan manifestado no conocer siquiera al nuevo equipo responsable de la comunicación institucional y del Canal del Congreso. Una reforma administrativa fusionó áreas y se realizaron nombramientos, pero nadie consideró pertinente reunirse con quienes cubren diariamente la actividad parlamentaria.
Extraña forma de construir puentes.
La respuesta del director del Canal del Congreso, Jorge Armando Rocha, merece también una lectura cuidadosa. Habla de apertura y pluralidad, promete revisar los casos “uno por uno”, anuncia un documento definitivo y ofrece una reunión para presentar al equipo.
Todo muy amable.
El problema es que la discusión no gira alrededor de promesas futuras, sino de requisitos presentes.
Cuando decenas de periodistas preguntan por qué se les exige determinada documentación, la respuesta lógica debería explicar las razones jurídicas, operativas y administrativas de cada requisito. No ofrecer que más adelante se revisará cada caso.
Porque si los requisitos son razonables, deberían poder justificarse desde el primer momento.
Y si no pueden justificarse, quizá nunca debieron existir.
La solución parece tan sencilla que sorprende que nadie la considerara desde el principio: dialogar con la fuente, escuchar a quienes realizan la cobertura diaria, explicar las necesidades institucionales y construir reglas razonables.
Después emitir una convocatoria.
No al revés.
Halo de censura
Al final, el episodio deja una sensación incómoda. Cada vez que una autoridad pública complica innecesariamente el acceso de los medios a la información, vuelve a surgir una pregunta que México lleva décadas intentando responder sin demasiado éxito: ¿de verdad creemos en la libertad de prensa o sólo la celebramos en los discursos?
Porque cuando la “casa del pueblo” comienza a parecer una oficina de trámites, el periodismo deja de ser un derecho para convertirse en una gestión administrativa.
Y eso, además de absurdo, resulta profundamente preocupante.
Verduguillo
La explicación ofrecida por Jorge Armando Rocha abre otra interrogante inevitable: si la reunión con la fuente debía realizarse desde el principio, ¿por qué se intentó imponer requisitos antes de abrir el diálogo?
El hecho resulta particularmente revelador en el caso de Alejandra Aguirre, cuya llegada al área forma parte de una cadena de nombramientos impulsados por grupos políticos con influencia en el Congreso capitalino. Una práctica tan antigua como la política misma: primero se reparten posiciones y después se descubre que el cargo exige algo más que cercanías, recomendaciones o respaldos partidistas.
Los periodistas no cuestionan nombres por capricho. Cuestionan resultados. Y los resultados, hasta ahora, reflejan una preocupante ausencia de interlocución con la fuente, escasa sensibilidad hacia las inquietudes de los medios y una evidente falta de experiencia en el manejo de una relación institucional que exige presencia cotidiana, atención permanente y conocimiento del oficio.
La comunicación social no consiste en solicitar documentos; consiste en comunicar. Tampoco en administrar ventanillas; consiste en construir confianza. Y cuando una oficina encargada de facilitar el trabajo periodístico provoca exactamente el efecto contrario, la crítica deja de ser política para convertirse en consecuencia natural de sus propios errores.
Quizá por ello varios reporteros se preguntan si quienes hoy conducen estas áreas conocen realmente la dinámica del Congreso o si simplemente llegaron al cargo impulsados por los grupos que los promovieron.
Porque una cosa es obtener un nombramiento y otra muy distinta demostrar, todos los días, que se posee el oficio para ejercerlo.
Y a todo esto, ¿qué dirán la diputada morenista Xóchitl Bravo y el diputado ecologista Jesús Sesma?
¿Les ocurrirá lo mismo que con Federico Lamont?
Porque tampoco logró consolidar una conducción reconocida del Canal del Congreso, aunque su permanencia en el cargo sí estuvo acompañada de una remuneración puntual y considerable.
¿Recuerdan aquel boletín emitido hace algunas semanas por el Congreso de la Ciudad de México que afirmaba, categóricamente, que el Congreso capitalino “prohibía” el uso de teléfonos celulares en las escuelas?
El documento fue retomado por numerosos medios nacionales e incluso por algunos extranjeros, generando una percepción equivocada sobre el alcance de la reforma.
La realidad fue muy distinta: el Congreso no prohibió los teléfonos celulares; aprobó un dictamen para regular su uso en los planteles educativos. Una diferencia jurídica y política nada menor que terminó convertida en un error de comunicación institucional de dimensiones considerables.
Según comentan diversos reporteros de la fuente, aquella pifia tuvo origen precisamente en el equipo responsable de la redacción y difusión de los contenidos institucionales, encabezado por Alejandra Aguirre y una colaboradora identificada como Araceli.
El episodio no sólo exhibió desconocimiento sobre el contenido de una reforma aprobada por el propio Congreso; además proyectó información inexacta que terminó replicándose dentro y fuera del país.
Porque comunicar mal una ley es casi tan grave como no entenderla.
Y cuando los errores se vuelven recurrentes, dejan de ser simples equivocaciones para convertirse en evidencia de una deficiente conducción institucional.
